De acuerdo al Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de Buenos Aires finalizado en 2015, el Gran La Plata cuenta con 208 barrios habitados por unas 30.437 familias. La Plata reúne 167 barrios con 21.616 familias, Berisso 22 barrios con 6.146 familias y Ensenada 19 barrios con 2.675 familias. De acuerdo al registro la mayoría son asentamientos precarios: 63%, seguidos por villas 21% y por otras formas de hábitat popular 16%. La información referida al total de barrios inscriptos en el registro da cuenta de unos 164, los que ocupan aproximadamente unas 1500 ha.
Por su parte los datos del Registro Nacional de Barrios Populares RENABAP los barrios populares en el aglomerado ascienden a 129 en La Plata, 17 en Ensenada y 18 en Berisso. Datos obtenidos en el relevamiento 2016 del Gran La Plata, muestran que los barrios populares albergaban unas 60.000 personas, con una densidad de 3,24 personas por vivienda. El 23% de la población tenía hasta 9 años, el 21 % entre 10 y 19 años, el 51% entre 20 y 59 años y cerca del 5% más de 60 años. Teniendo en cuenta la situación laboral de las personas de 16 años y más, el 22% no tenía trabajo y el 21% trabajaba “en negro”. La mayoría de los trabajadores, un 40%, lo hacía en la construcción y al momento del relevamiento un 35% buscaba trabajo. Por su parte un 58% de la población (menores de 18 años) percibía la AUH.
Como dato de referencia de contexto puede mencionarse que en el segundo semestre del 2016 la EPH/INDEC informaba para el Gran La Plata un 24,2 % de personas pobres y un 4,8% de indigentes. El agravamiento de esta situación puede mensurarse en los datos obtenidos por la misma encuesta para el segundo semestre de 2019: la pobreza ascendía al 30,6% de la población del aglomerado (271.678 personas) y la indigencia al abarcaba al 7,6% (67.031 personas).
De acuerdo al “Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN” llevado a cabo por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 del CONICET en marzo de 2020, las principales dificultades que enfrentan los barrios populares de la región para el cumplimiento de las medidas de salud frente a la pandemia se pueden agrupar en dos tipos: condiciones del hábitat y razones laborales. Entre las primeras se destacan hacinamiento, carencia de servicios, en particular agua. Entre las segundas el trabajo cuentapropista, aunque también se registra el temor a la pérdida del empleo.
El informe destaca que los barrios presentan condiciones habitacionales de extrema vulnerabilidad con predominio de viviendas precarias, de chapa o madera, en algunos pocos casos pisos de cemento, y sin baños al interior de la vivienda. En las áreas con mayoría de viviendas de material, las situaciones de hacinamiento son mayores. Todos los barrios registran numerosos problemas de infraestructura y acceso a servicios: sin cloacas, calles intransitables en los días de lluvia, conexiones eléctricas deficientes y defectuoso acceso a agua potable corriente o con abastecimiento por pozo. Asimismo, la recolección municipal de residuos no se lleva a cabo.
Estas razones son las principales que se aducen para que las medidas frente al COVID 19 se orienten a “quedarse en el barrio”, ya que “quedarse en casa” es extremadamente difícil y riesgoso.
En este contexto, se hace necesario diseñar medidas que apunten a abordar las problemáticas más urgentes del hábitat. Garantizar el hábitat digno implica apuntalar derechos básicos tales como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud y el trabajo. La idea de atención primaria del hábitat apunta a hacer foco sobre aquellas problemáticas socio-habitacionales vinculadas a las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones socio-económicas y culturales de los hogares, el acceso a servicios básicos, condición de los espacios comunes, movilidad e infraestructuras de salud, educativas y socio-comunitarias.