El suelo urbano, constituye una mercancía atípica, única e irreproducible cuyo valor se encuentra en gran parte determinado por condiciones externas: su ubicación relativa en la ciudad y, vinculada a esta, su cercanía y accesibilidad a bienes y servicios urbanos; y el tipo e intensidad de uso que en ella puede desarrollarse (Baer, 2011). A su vez, el suelo es soporte de la materialidad urbana (Abramo, 2018) y se constituye en reserva de valor, por lo que el nivel de oferta se ve condicionado por la especulación de los propietarios de suelo (cuya capacidad depende del grado de concentración), y está vinculado al uso potencial presente y futuro, que depende de la tecnología disponible y de la expectativa sobre la regulación normativa.

Se entiende que los procesos de construcción de ciudad y por lo tanto su crecimiento, determinados por la dinámica propia del modo de producción capitalista y su necesidad de acumulación constante de capital, están signados por un proceso permanente de valorización del suelo en tanto forma de capital ficticio (Harvey, 2013). Este aspecto restringe las posibilidades de acceso al espacio urbano de vastos sectores de la población en un contexto de crecientes desigualdades.

El presente trabajo consiste en una revisión y reflexión crítica a partir de un trabajo final de carrera realizado por mí en 2019. En dicho trabajo se abordaba el crecimiento urbano en la ciudad de La Plata a través de una construcción problemática que vinculaba el (no) acceso al suelo urbano por parte de las mayorías, la concentración del suelo y la producción inmobiliaria en algunos actores, y  el avance del tejido urbano sobre terrenos antes productivos. Sobre esa base, se trabajaba en la construcción propositiva de una política pública para la gestión del suelo dentro del casco urbano fundacional de La Plata, articulando distintos instrumentos legalmente posibles según el marco normativo provincial. Dicha política articulaba cinco ejes: regulación y captación de recursos, gestión de recursos, desarrollo económico productivo, gestión del desarrollo urbano, y participación ciudadana y derecho a la ciudad.

Los objetivos que se perseguían eran múltiples y funcionaban de manera articulada: regular el valor del suelo urbano para ampliar la cantidad de población que accede al mismo, producir suelo municipal para intervenir como actor de peso en el mercado, promover la desconcentración de la propiedad inmobiliaria en el casco, promover el desarrollo cooperativo para la construcción y para el acceso a la vivienda, favorecer los convenios urbanísticos para el desarrollo de suelo urbano accesible, e impulsar herramientas de participación para la toma de decisiones urbanas.

La tesis, formulada en el marco del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata se inscribe en la línea “Investigación Proyectual” y describe a partir de una tensión conceptual, una problemática que por su naturaleza no sólo involucra aspectos proyectuales, sino sociales, económicos, políticos y habitacionales. Como una contraposición teórica, el trabajo a reconocido como punto de partida que a diferencia de lo que ocurre con los núcleos familiares, cuyo ciclo vital expone desplazamientos, cambios de tamaño, de estructura y de necesidades en fase relativamente breves pero dinámicas, la vivienda estatal destinada a los sectores de menores recursos económicos se concibe como un cuadro funcional estable y se materializa como una superficie mínima destinada al alojamiento. Asimismo, su localización territorial –generalmente en ámbitos urbanos pero periféricos-, la califica y condiciona su desempeño para contemplar actividades no previstas.

Estas pautas tuvieron en la investigación un rol fundamental: permitieron establecer una valoración de los prototipos habitacionales, y al mismo tiempo se constituyeron en parámetros que encuadran la temática en los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social. A través de estrategias y recursos proyectuales, la Tesis Doctoral se propuso verificar el correlato entre adaptabilidad y la producción habitacional municipal formulada con motivo del lanzamiento –año 2005- del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (SUVAP).

Aunque la Tesis Doctoral ha planteado como recorte la mediación del SUVAP en las políticas federales, sostuvo que en el análisis de la vivienda de producción masiva se encuentra la posibilidad de someter a revisión las pautas proyectuales que aún vigentes, determinan límites para la consideración de la adaptabilidad como factor normativo de los Estándares Mínimos de Calidad, -y como parámetro en la vivienda contemporánea-, en tanto describen una extendida y particular forma de concebir el proyecto de la vivienda de producción estatal destinada a los sectores de menores recursos económicos.

EL Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo PPID/U005 “INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DEL MERCADO DE SUELO EN CIUDADES. CASO LA PLATA: Una aproximación desde el proyecto urbano-arquitectónico”, fue continuidad del PPID/U003 “INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE MERCADO DE SUELO EN CIUDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Caso La Plata”, ambos acreditados por la Universidad Nacional de La Plata.

En el primer PPID/U003, se analizó y ponderó la experiencia internacional y local en  la aplicación de instrumentos de regulación en el mercado de suelo y el financiamiento de las ciudades con el fin de facilitar la inclusión de programas con fines sociales en el tejido consolidado de la ciudad.

Se clasificaron y propusieron instrumentos plausibles de ser implementados por el gobierno local, así como los espacios/procesos de participación necesarios que sustenten la legitimidad y futuro de estas iniciativas; con el propósito de contribuir al desarrollo local con equidad, eficiencia y sustentabilidad.

En la continuidad desarrollada en el marco del PPID U005, se propuso revisar la viabilidad de los instrumentos propuestos desde aproximaciones proyectuales urbano – arquitectónicas que indaguen y profundicen su capacidad posibilitante en la inserción de programas con usos sociales en el tejido urbano consolidado/en consolidación.

Los desafíos y problemas pendientes de abordar hoy acerca del desarrollo de nuestras ciudades vulnerables son deudas contraídas con anterioridad que se han profundizado y concentrado en círculos viciosos de informalidad, precariedad municipal y especulación haciendo cada vez más lejano el pasaje a círculos virtuosos de acceso a suelo formal, fortalecimiento municipal y oferta de suelo servido barato.

Los objetivos específicos del proyecto se centraron en la contribución del fortalecimiento del vínculo entre comunidad académica y sociedad desde una articulación integral entre los actores participantes; el desarrollo de prácticas de capacitación que consideraran los saberes previos del grupo destinatario; la sistematización de las prácticas de enseñanza-aprendizaje explorando las posibilidades de constituir modelos replicables en situaciones de contexto similares; la contribución a partir de la capacitación, vinculación e intercambio producto del desarrollo del proyecto, con la futura inserción laboral de los tutelados PLB participantes; el fortalecimiento de la relación estudiante FAU – práctica laboral a partir de la participación de los mismos en el proyecto, relacionando la teoría impartida en el Taller de Producción de Obras y los trabajos prácticos desarrollados en el curso.

El trabajo se desarrolló en el año 2014 en el marco de un Convenio entre la Secretaría del Hábitat Social de la Nación Argentina y la Universidad Nacional de La Plata, concretado a través del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Tiene un doble propósito, desarrollar una metodología de observación territorial a partir del uso de la técnica de “teledetección” que resuelva la primera aproximación al problema de localización de los Hábitat Informales (Villas de Emergencia y Asentamientos), y poner a prueba en el territorio del Gran La Plata, con la posibilidad de replicar con los ajustes necesarios en otras ciudades del pais.

Asimismo, la categorización resultante del estudio constituye una base de conocimiento necesario para la toma de decisión en torno a políticas y estrategias integrales y adecuadas a cada unidad de habitat informal analizada

De acuerdo al Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de Buenos Aires finalizado en 2015, el Gran La Plata cuenta con 208 barrios habitados por unas 30.437 familias. La Plata reúne 167 barrios con 21.616 familias, Berisso 22 barrios con 6.146 familias y Ensenada 19 barrios con 2.675 familias.  De acuerdo al registro la mayoría son asentamientos precarios: 63%, seguidos por villas 21% y por otras formas de hábitat popular 16%. La información referida al total de barrios inscriptos en el registro da cuenta de unos 164, los que ocupan aproximadamente unas 1500 ha.

Por su parte los datos del Registro Nacional de Barrios Populares RENABAP los barrios populares en el aglomerado ascienden a 129 en La Plata, 17 en Ensenada y 18 en Berisso. Datos obtenidos en el relevamiento 2016 del Gran La Plata, muestran que los barrios populares albergaban unas 60.000 personas, con una densidad de 3,24 personas por vivienda.  El 23% de la población tenía hasta 9 años, el 21 % entre 10 y 19 años, el 51% entre 20 y 59 años y cerca del 5% más de 60 años. Teniendo en cuenta la situación laboral de las personas de 16 años y más, el 22% no tenía trabajo y el 21% trabajaba “en negro”. La mayoría de los trabajadores, un 40%, lo hacía en la construcción y al momento del relevamiento un 35% buscaba trabajo. Por su parte un 58% de la población (menores de 18 años) percibía la AUH.

Como dato de referencia de contexto puede mencionarse que en el segundo semestre del 2016 la EPH/INDEC informaba para el Gran La Plata un 24,2 % de personas pobres y un 4,8% de indigentes. El agravamiento de esta situación puede mensurarse en los datos obtenidos por la misma encuesta para el segundo semestre de 2019: la pobreza ascendía al 30,6% de la población del aglomerado (271.678 personas) y la indigencia al abarcaba al 7,6% (67.031 personas).

De acuerdo al “Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN” llevado a cabo por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 del CONICET en marzo de 2020, las principales dificultades que enfrentan los barrios populares de la región para el cumplimiento de las medidas de salud frente a la pandemia se pueden agrupar en dos tipos: condiciones del hábitat y razones laborales. Entre las primeras se destacan hacinamiento, carencia de servicios, en particular agua. Entre las segundas el trabajo cuentapropista, aunque también se registra el temor a la pérdida del empleo.

El informe destaca que los barrios presentan condiciones habitacionales de extrema vulnerabilidad con predominio de viviendas precarias, de chapa o madera, en algunos pocos casos pisos de cemento, y sin baños al interior de la vivienda. En las áreas con mayoría de viviendas de material, las situaciones de hacinamiento son mayores. Todos los barrios registran numerosos problemas de infraestructura y acceso a servicios: sin cloacas, calles intransitables en los días de lluvia, conexiones eléctricas deficientes y defectuoso acceso a agua potable corriente o con abastecimiento por pozo. Asimismo, la recolección municipal de residuos no se lleva a cabo.

Estas razones son las principales que se aducen para que las medidas frente al COVID 19 se orienten a “quedarse en el barrio”, ya que “quedarse en casa” es extremadamente difícil y riesgoso.

En este contexto, se hace necesario diseñar medidas que apunten a abordar las problemáticas más urgentes del hábitat. Garantizar el hábitat digno implica apuntalar derechos básicos tales como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud y el trabajo. La idea de atención primaria del hábitat apunta a hacer foco sobre aquellas problemáticas socio-habitacionales vinculadas a las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones socio-económicas y culturales de los hogares, el acceso a servicios básicos, condición de los espacios comunes, movilidad e infraestructuras de salud, educativas y socio-comunitarias.